La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, señaló este viernes que la modificación participativa de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia – 348, se acerca a su fase final, y permitirá contar con un instrumento normativo más aplicable.
“Ninguna organización social o de sociedad civil indicó que la Ley 348 haya sido un retroceso, por el contrario, muchas organizaciones nacionales y de la región destacan que esta normativa ha sido un avance significativo para las mujeres porque se ha logrado mostrar la violencia hacia las mujeres en el escenario público y establece una tipificación”, expresó.
De acuerdo con un boletín institucional del Ministerio de Justicia, tras ocho años de vigencia de la Ley 348, se vio la necesidad de “abrir su texto” debido a algunas falencias operativas y vacíos legales identificados, y realizar nuevos aportes construidos desde las bases, junto a organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de víctimas de violencia y de familiares de víctimas de feminicidio, operadoras y operadores de justicia, servidoras y servidores públicos, entre otros sectores.
“La sociedad no es estática, está en constante cambio, por tanto, las normas deben ser reformadas, por eso se determinó impulsar el proceso de modificación con un carácter participativo, con todas y todos. Realizar una modificación a la ley con todas las socializaciones, argumentos y ajustes que se requería recoger desde la población, ha sido un arduo trabajo, pero necesario, las leyes no se construyen más en los escritorios, sino de la mano del pueblo”, explicó Huacani.
Esta cartera de Estado desarrolló un diagnóstico situacional que determinó la necesidad de incrementar acciones de prevención con participación de la familia, la comunidad, la esfera educativa, los medios de comunicación y otras instancias.
Asimismo, se determinó ajustar los mecanismos de acción del primer eslabón de recepción de denuncia y atención como son la Policía Boliviana, el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), dependientes de los gobiernos municipales y las instancias dependientes de los gobiernos departamentales. La modificación de Ley 348 es parte de la reforma de la justicia impulsada desde noviembre de 2020.
“La población señala que la prevención debe darse desde la sociedad, ámbito familiar, educativo y otras instancias como la Policía, alcaldías, gobernaciones y Gobierno nacional. La gente sabe que hay que prevenir antes que lamentar”, agregó.
Respecto al trabajo del Ministerio Público y del Órgano Judicial, el diagnóstico denotó la cantidad insuficiente de efectivos policiales, fiscales, y juezas y jueces; los juzgados anticorrupción y violencia contra la mujer se encuentran saturados, hecho que genera indefensión, mora judicial e impunidad.
Durante las jornadas de recolección de propuestas se rescataron otros elementos relevantes, como la necesidad de incorporar nuevos tipos penales referidos a la violencia y acoso digital, la violencia obstétrica, entre otras que en 2013 no habían sido identificadas y generaba un vacío al momento de abrir procesos, investigaciones y emitir sentencias.
Con las propuestas plasmadas en 10 ejes temáticos para la modificación y el diagnóstico, se retornó a las regiones para validar los insumos. La autoridad explicó que, tras ese proceso, se trabajó en la redacción con términos legales de las propuestas modificatorias traducidas en un proyecto de ley que próximamente será entregado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
GMM / Agencia Boliviana de Información
